Durante el Gobierno de George W. Bush se activó un programa de torturas: Bush autorizó a la CIA para construir prisiones secretas, la CIA pidió autorización para usar métodos de fuerza en el tratamiento de los prisioneros y el Consejo Nacional de Seguridad le dio luz verde. Y luego se hizo lobby para garantizar el perdón de los oficiales y funcionarios que autorizaron el uso de la tortura. Ahora la divulgación de un informe del Senado sobre el tema, plantea una suerte de paradoja para la causa anti tortura: ¿otorgar un perdón tácito será lo mejor? Una reflexión en The New York Times
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