Panamá: denuncia tras denuncia

Por Oscar Medina

Algo se agita en Panamá. Si bien este país no suele destacar en los titulares de la gran prensa internacional, una mirada a los medios locales muestra que los panameños se están debatiendo estos días en escándalos importantes que involucran a figuras del poder político.

Franklin Vergara: fue ministro de Salud entre 2009 y 2012, durante la gestión del presidente Ricardo Martinelli. Al asumir el cargo Vergara omitió un “detalle” en su declaración jurada de bienes: era copropietario de una finca que estaba envuelta en un proceso legal por el cual 15% de sus ingresos personales se encontraban embargados. Cuatro meses después de su nombramiento, pudo llegar a un acuerdo extrajudicial que le liberó de cargas. Las denuncias sobre el funcionario las aireó el diario La Prensa: “en tan solo 33 meses en el cargo su patrimonio aumentó 700 mil dólares –a un pasmoso ritmo de 21 mil dólares mensuales en promedio–, respecto los bienes declarados tras ser nombrado ministro”. En ese trabajo de La Prensa se revela que el ex ministro se convirtió en un afortunado terrateniente dueño de varias fincas, incluyendo 200 hectáreas de terreno compradas a la nación a un precio muy bajo y que es dueño, además, de una lujosa casa de playa. Estas propiedades las habría pasado a nombre de sus hijos y esposa. Vergara también admitió ser propietario de relojes por más de 20 mil dólares y joyas por valor superior a 30 mil dólares. La Contraloría ordenó –el 24 de febrero- investigarlo por presunto enriquecimiento injustificado. Su hijo mayor, Víctor Vergara (socio de Luis Enrique Martinelli, hijo del ex presidente), también está en la mira no solo por sus lujosas viviendas y fincas, sino porque su propio padre admitió que algunos de sus amigos ocuparon puestos importantes en el Ministerio de Salud y hasta hicieron buenos negocios durante esos días.

Programa de Ayuda Nacional: El 24 de febrero La Prensa también informó sobre la detención de los empresarios Carlos “Caneto” Araúz y Roberto Carretero. La Fiscalía los investiga por su supuesta vinculación con sobreprecios en los contratos por más de 20 millones de dólares de adquisición de alimentos para el PAN. Otro empresario, Juan Carlos Marciaga es investigado por contratos por más de 70 millones de dólares para el mismo programa social. Mario Martinelli, hermano del ex mandatario, también ha sido señalado como beneficiario de contratos –con sobreprecios- con el PAN. La ex contralora Gioconda Torres de Bianchini y la ex ministra de educación, Lucy Molinar, forman parte del grupo de personas investigadas por la justicia.

Alejandro Moncada Luna: el 20 de octubre de 2014 fue suspendido de su cargo como magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Esa fue la primera medida para investigarlo por los delitos de enriquecimiento injustificado, blanqueo de capitales, falsedad de documentos y corrupción de servidores públicos. Ese día aseguró que iba a probar su inocencia. El 24 de febrero La Prensa publicó: “Más de cuatro meses después de ese episodio, el hombre que un día dirigió el Órgano Judicial del país se declaró culpable. Admitió haber cometido dos de los cuatro delitos que se le endilgan: enriquecimiento injustificado y falsedad ideológica en documentos públicos”. Moncada presidió la Corte Suprema entre 2012 y 2013 y se comprobó que durante ese lapso otorgó contratos a varias empresas que le retribuyeron los favores concedidos. Su caso arrancó con denuncias que revelaron que teniendo un salario mensual de 10 mil dólares durante el tiempo en el cargo compró dos departamentos por 1 millón 700 mil dólares. El ex magistrado también formó parte del gobierno de Martinelli. Reconocer su culpabilidad le rinde buenos frutos: se desestiman cargos importantes y enfrenta la posibilidad de 5 años en prisión.

Gustavo Pérez: Fue secretario del Consejo de Seguridad Nacional. Desde el 16 de enero está detenido: “por la supuesta comisión del delito de inviolabilidad del secreto y derecho a la intimidad tras el escándalo de las intervenciones telefónicas a políticos, empresarios, sindicalistas y periodistas durante el gobierno de Ricardo Martinelli”. Al menos 150 personas fueron víctimas de los pinchazos y en el caso hay otros ex funcionarios involucrados, como el subcomisionado de la Policía Nacional, Ronny Rodríguez Mendoza, prófugo de la justicia.

Ricardo Martinelli: El 28 de enero la Corte Suprema de Justicia decidió investigar al ex presidente por “supuestos delitos contra la administración pública”. El caso está referido al Programa de Ayuda Nacional y Martinelli es señalado por otorgar contratos irregulares que involucran más de 45 millones de dólares. El 3 de febrero la Fiscalía aseguró que cuenta con 44 testimonios de personas víctimas o testigos de escuchas ilegales centradas, principalmente, en adversarios políticos y figuras críticas de su gestión. Martinelli fue presidente de Panamá entre 2009 y 2014. Siete meses después de dejar el cargo, salió del país en su avión privado rumbo a Italia, con una parada en Miami. Desde la distancia, ha señalado que es inocente y que todo esto forma parte de una venganza del hoy presidente Juan Carlos Varela, quien prometió mano dura contra la corrupción.