Varios gobernadores de estados mexicanos han tomado decisiones que afectan el derecho a la protesta ciudadana. Incluso la criminaliza. Mientras que en regiones como Michoacán se permitió la acción de civiles armados en grupos autodefensas, en otras las manifestaciones callejeras como expresión de descontento social podrían ser consideradas actividades terroristas. Puebla va a la cabeza: ahí se puede disparar a quienes protestan. La situación en la revista Proceso
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