
Por Oscar Medina
Quizás sea tarde para muchas víctimas, pero no lo es para los otros miles que podrían caer en manos de estos depredadores: por primera vez la Organización de Naciones Unidas se ocupa seriamente de las denuncias sobre pederastia y abuso sexual contra miembros de la Iglesia católica y ha presentado informes y tomado decisiones sin dejarse amedrentar por el poder que representa el Vaticano.
La más reciente -23 de mayo- fue del Comité de las Naciones Unidas sobre Prevención de la Tortura, al dejar por sentado que la responsabilidad del Vaticano en los casos de pederastia no se limita a su territorio, a su lugar de asentamiento, sino a cualquier parte del mundo donde actúen sus representantes.
Esto ha echado por tierra un argumento defensivo del Vaticano: que no puede ser responsable por los abusos cometidos por sacerdotes en otros países. La ONU le recordó a la Santa Sede que estas personas trabajan para ella y actúan bajo las normas establecidas por las autoridades del Vaticano, de manera que según la Convención Internacional sobre Prevención de la Tortura –de la cual forma parte- no puede escurrir el bulto.
El Comité también decidió sobre otros aspectos importantes. Le exige al Vaticano que cumpla con la obligación de evitar que sus “funcionarios” o representantes cometan actos de tortura o los consientan. Le pide que los sacerdotes denunciados sean suspendidos de sus cargos para evitar nuevos abusos e intimidaciones. Le solicita que los clérigos investigados no sean trasladados a otros lugares donde podrían seguir cometiendo sus desmanes. Demanda que los culpables sean castigados y que las denuncias sean notificadas de inmediato a las autoridades civiles y que, además, colaboren con las investigaciones.
Si bien la organización se tomó su tiempo para enfrentar el tema, la verdad es que ahora actúa con celeridad. El 5 de febrero otra instancia, el Comité de los Derechos de Menores de la ONU, expresó su «más profunda preocupación por el abuso sexual de menores perpetrado por los miembros de la Iglesia Católica que operan bajo autoridad de la Santa Sede, con clérigos involucrados en el abuso sexual de decenas de miles de niños en todo el mundo».
Un mes antes ya la ONU había forzado al Vaticano a una especie de acto de contrición, a una suerte de “yo me arrepiento” que no pareció ir más allá de los golpes de pecho. Una delegación del Vaticano se las vio ante un panel de la ONU en un interrogatorio público realizado en Suiza el 16 de enero. Y allí, el arzobispo Silvano Tomazi, representante del Vaticano ante esa instancia internacional, dijo: «Se encuentran abusadores entre los miembros de las profesiones más respetadas del mundo y, más lamentablemente, incluso entre miembros del clero y otro personal de la iglesia». Eso fue todo.
Naciones Unidas había pedido al Vaticano –en julio del año pasado- información sobre los casos de pedofilia denunciados desde 1995, con énfasis especial en el detalle de qué había ocurrido con los sacerdotes, monjas y monjes encontrados culpables de abusos: ¿siguieron o siguen en contacto con niños?
El Vaticano se negó a suministrar la información, alegando que se trataba de asuntos competentes a la justicia de los países donde ocurrieron los hechos. Sin embargo, a mediados de enero, se filtró a la prensa un dato importante: entre 2011 y 2012 el papa Benedicto XVI expulsó de la Iglesia a 400 sacerdotes por abuso sexual de menores.
En el afán por cuidar su imagen institucional la Iglesia ha tardado demasiado en actuar contra ese mal que anida en sus entrañas. Hasta el año 2001 los casos de curas pedófilos eran tratados por las autoridades eclesiásticas de cada país de manera “autónoma” o local. Tras una serie de escándalos el Vaticano decidió que los expedientes de los sacerdotes acusados tenían que ser remitidos a Roma. Y fue solo después de otra tanda de señalamientos que en 2010 se instruyó a las iglesias a reportar a los abusadores a las policías de cada país. Nueve años les tomó decidir cumplir con las leyes del hombre.
La práctica común era y sigue siendo sacar al descarriado que ha hecho de lobo de sus ovejas y trasladarlo a otro lugar donde volverá a las andadas. Ese es uno de los reclamos más fuertes y directos expresados en el documento de la ONU: «La movilidad de los responsables, que ha permitido a muchos sacerdotes mantenerse en contacto con niños y continuar abusando de ellos, sigue poniendo a los menores en alto riesgo de abuso sexual en muchos países».
El Comité de los Derechos de Menores acusó al Vaticano de encubrir a los curas abusadores, de obstruir a la justicia y de no contemplar siquiera programas de atención a las víctimas: «Con un código de silencio que se castigaba con la excomunión si se rompía, los casos de abusos sexuales nunca fueron reportados a las autoridades de los países donde ocurrieron. Al contrario, el Comité se encontró con casos de felicitación a sacerdotes que se negaron a denunciar a los abusadores».
El Papa Francisco parece estar ganado a la idea de lograr justicia en este sentido y de depurar a la Iglesia de sacerdotes depredadores de niños. Y Naciones Unidas ya trazó líneas de acción muy concretas. ¿Cumplirá? ¿Tendrá la suficiente fuerza para combatir a los lobos?
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