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La orden es silencio: Venezuela

Por Oscar Medina

Elocuente el título del informe: “La orden es el silencio”. El Instituto de Prensa y Sociedad acaba de hacer pública una encuesta sobre la situación de los medios y la censura en Venezuela y para esto escogió un mecanismo que por sí solo dibuja la situación del país: una conferencia de prensa en línea, un hangout. La elección no fue un capricho: con la mayoría de los grandes medios controlados por el Estado o en manos de inversionistas vinculados al gobierno, temían que los resultados no tuvieran mayor difusión.

El “Estudio 2014: Censura y Autocensura en periodistas y medios de comunicación en Venezuela” fue estructurado por esta organización que incentiva al periodismo de investigación y defiende el derecho a la libertad de expresión, con base en una encuesta realizada a 225 profesionales de la comunicación que trabajan en medios privados, comunitarios, estatales e independientes de trece estados del país. La percepción de los consultados refleja que la mayor cantidad de órdenes directas de censura provienen del Estado: “Los encuestados perciben en el poder ejecutivo -del que dependen los gobiernos nacional, regional y local- una actuación directa en materia de censura (34%). Luego, señalan de censores al poder judicial (17%), al poder legislativo (14%), al poder moral (7%), y al poder electoral (6%)”.

Las presiones llegan por diferentes frentes. También señalan que hay “órdenes directas de censura por parte de grupos económicos privados (16%); de grupos políticos (8%); de grupos de delincuencia organizada (6%); de agrupaciones sociales independientes (3%); y de las organizaciones de la sociedad civil (1%)”.

Hay más: “se han ejercido presiones oficiales para modificar un producto informativo en el que ellos han estado trabajando (42%); han ocurrido impedimentos en la emisión informativa (15%); se han recogido ediciones -generalmente en medios impresos- (6%), y se ha llegado a cerrar medios en los que laboraban algunas de las personas consultadas (2%)”.

En el contexto venezolano no puede causar sorpresa esta situación. Sin embargo, no deja de alarmar otro hallazgo: ya los propios periodistas aceptan que existe un grado importante de autocensura. “29% de los encuestados considera que se han inhibido de desarrollar un contenido periodístico porque de todas maneras la empresa comunicacional para la que laboran no lo iba a difundir”, señala el informe. Y esta razón se impone sobre otras: “predomina por encima de la posibilidad de exponer su integridad física, del temor de afectar a un tercero por cualquier incidente que se pueda producir a partir de una publicación, o de las amenazas que constituyen las normativas que regulan el ejercicio periodístico y los medios de comunicación social en el país”.

43% de los entrevistados asegura que ha recibido órdenes expresas que prohíben la cobertura de temas puntuales porque no se ajustan a las líneas editoriales de los medios en los que trabajan. Y 39% se queja porque les han obligado a cambiar la redacción de sus textos para no incomodar a personas o instituciones del poder político local. “A 35% de los consultados -en la investigación sobre censura y autocensura que realizó IPYS Venezuela- se le ha prohibido expresamente cubrir y/o publicar una información sobre un hecho noticioso, y también se les ha negado la posibilidad de cubrir un tema en particular. A 34% se le ha dicho que no puede nombrar a una fuente determinada en una información que vaya a ser publicada.

Por las presiones que se han ejercido sobre la cobertura periodística, 17% de los participantes manifiesta que, luego de incidentes de este tipo, fueron cambiados de fuente de información”.

Esto nos deja en un marco en el que los reporteros y sus jefes están coincidiendo en una posición que pone en riesgo la libertad y el derecho a la información. Y la explicó Mariengracia Chirinos, coordinadora del estudio, en la conferencia de prensa realizada el lunes 6 de octubre: “Las medidas de presión surten efecto porque los periodistas están llegando al máximo eslabón de la censura, que es la autocensura”.

“Por lo menos, 26% indica que ha declinado en el seguimiento periodístico por presiones de autoridades gubernamentales; 19% por simpatizantes político partidistas del oficialismo; 9% por manifestantes violentos; 9% actores económicos y empresariales privados; 6% por grupos paraoficiales; y 6% líderes de movimientos políticos de oposición”.

Otros hallazgos no son menos preocupantes. 44% señaló que sus medios se han visto obligados a “rectificar” informaciones debidamente verificadas por presiones gubernamentales. Y 16% dijo que también se presiona para que se publiquen notas de prensa y boletines emitidos por dependencias estatales: “Esta situación debe verse en perspectiva con los obstáculos en la labor periodística, debido a que 38% de los consultados atribuyó limitaciones por amenazas del gobierno nacional y 37% refirió amenazas de los accionistas de medios”.

El acceso a la información pública es otra gran barrera. 79% de los consultados señalaron que las instituciones estatales niegan información: “Esta misma situación persiste en instituciones privadas, de acuerdo a las indicaciones de 32% de las opiniones recorridas, y 11% determina la misma actuación en instituciones independientes”.

¿Qué hacer? El Ipys señala algunas recomendaciones a seguir tanto por el Estado como por las propias empresas de la información. Pero el gran reclamo lo hacen los encuestados: 93% pide la aprobación de una Ley de Acceso a la Información Pública, una herramienta jurídica por la que se viene luchando desde hace ya unos cuantos años sin que hasta ahora el gobierno central haya dado muestras de considerarla viable.

 

Para más detalles del “Estudio 2014: Censura y Autocensura en periodistas y medios de comunicación en Venezuela”, el Ipys lo puso a disposición en su web.