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México: Alerta por la Ley de Aguas

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Por Areli Sandoval Terán

“Aguas con la Ley de Aguas” es la consigna que resuena. Continúan aumentando las voces ciudadanas que exigimos que esta iniciativa fast track sea desechada. El contenido del dictamen de la Ley General de Aguas publicado el 5 de marzo en la gaceta de Diputados ha sido bastante cuestionado, y el intento de pasarlo al pleno y votarlo sin mediar un proceso participativo y deliberativo real sigue latente. Entre todos los aspectos cuestionables, resulta inaceptable que la iniciativa desconozca y restrinja los derechos humanos que debieran ser su sustento y contenido, toda vez que esta ley debe reglamentar el artículo 4° párrafo sexto constitucional que establece el derecho de toda persona al “acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible” y que debe ser garantizado por el Estado.

Aunque lo afirme como objeto de la Ley (art. 1) y el Título Segundo se denomine Derecho Humano al Agua, en realidad no aborda con propiedad los estándares y factores indispensables para la realización de los derechos al agua y al saneamiento: la disponibilidad, la accesibilidad, la asequibilidad, la calidad, la aceptabilidad, el acceso sin discriminación, el acceso a la información, y la sustentabilidad para garantizar los derechos de generaciones presentes y futuras; de tal suerte que algunas de sus disposiciones resultan inconstitucionales e inconvencionales, por ejemplo:

Contraviene el acceso sin discriminación al establecer que el derecho humano al aguacomprende la obligación de la autoridad de garantizar “a los asentamientos humanos” los derechos de acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico (art. 49) y referir el Servicio Público de Agua Potable para uso público “urbano” y “asentamientos humanos y centros de población legalmente constituidos” (art. 10, fracc. XLVII)

Limita la disponibilidad -que implica abastecimiento de agua continua y suficiente para consumo personal y doméstico- al determinar 50 litros diarios por persona como volumen que permite cubrir necesidades básicas (art. 10 fracc. XXXII “mínimo vital”) cuando la Organización Mundial de la Salud no fija una cantidad de litros con la que toda persona, en cualquier circunstancia de vida, podría satisfacer sus necesidades; por el contrario, advierte que en razón de la salud, el clima, las condiciones de trabajo, etc., algunas personas necesitan volúmenes de agua adicionales.

Confunde derecho al saneamiento con calidad del agua (art. 10 fracc. XXIV); basa la determinación de “contaminación” (art. 10, fracción XX) y “salubre” (art. 10 fracc. XLIII) en normas oficiales mexicanas que carecen de los parámetros necesarios y están desactualizadas; y omite que los servicios y las instalaciones de agua y saneamiento también deben ser de calidad suficiente y culturalmente adecuados teniendo en cuenta las necesidades relativas al género, ciclo vital e intimidad.

No garantiza la sustentabilidad al fijar multas bajas por acciones contaminantes (art. 264) y al contemplar el uso industrial del agua para “extracción, conservación o transformación de materias primas” (art. 10 fracc. LIX) con lo que favorecerá técnicas como la fracturación hidráulica para extracción de gas de lutitas, la cual emplea millones de litros de agua y más de 750 químicos, muchos de ellos tóxicos.

Reduce la asequibilidad a “características de costos y cargos directos e indirectos asociados al agua para consumo personal y doméstico, así como las relativas a la infraestructura hidráulica y los servicios relacionados” (artículo 10 fracc. XI) omitiendo su finalidad: no poner en riesgo el ejercicio de otros derechos humanos por cobro oneroso. Además, prevé que la participación del sector privado en la prestación de los servicios públicos pueda incidir en la “determinación, facturación y cobro de tarifas” (art. 81); y el Título Décimo sobre Financiamiento del Sector establece bases y principios para el establecimiento de tarifas, las cuales deben privilegiar la sustentabilidad financiera.

También restringe el acceso a la información al sancionar “conductas” como el estudio y el monitoreo “sin contar con el permiso correspondiente” de la Conagua (art. 262 fracción XXVI)

El Congreso está obligado constitucionalmente a respetar, promover, proteger y garantizar los derechos humanos, y a prevenir, reparar y sancionar sus violaciones. Ni siquiera por desconocimiento es válido ignorar o trastocar los estándares que la ley debería garantizar. Por todo lo anterior, y por la visión caduca de manejo de agua que busca consolidar, esta iniciativa debe ser desechada como ya más de 120 mil personas han manifestado.

 

 * Areli Sandoval Terán (@AreliSandovalT) es coordinadora del Programa Diplomacia Ciudadana y Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales de DECA Equipo Pueblo, A.C.

Un análisis más detallado y enfocado en el derecho humano al agua se puede leer aquí

 

Un grupo de artistas mexicanos se unió a la iniciativa ciudadana de rechazo a la Ley e invita a participar a través de este video:

La Vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Aleida Alavez, advierte que se intenta privatizar el agua en México:

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